El Gobierno ha vuelto a lanzar un programa de ayudas directas destinadas a incentivar la compra de coches eléctricos e instalación de puntos de recarga. Se llama Plan MOVES 2021 o Plan MOVES III y tiene un presupuesto de 400 millones de euros. Con la implantación de este nuevo plan, se busca que en España haya una mayor implantación de la movilidad eléctrica.
Este nuevo Plan MOVES no tiene fecha de aplicación y es posible que el presupuesto destinado a este fin se pueda ver aumentado en el caso de que exista una alta demanda. Este plan de ayudas e incentivos entrará en vigor una vez que el Plan MOVES II finalice, pero hay que tener en cuenta que en cada autonomía tiene una fecha diferente. Cada autonomía recibe una cantidad en base al número de habitantes, por tanto Madrid, Cataluña y Andalucía son las más beneficiadas por este plan.
Plan MOVES 2021, todo lo que sabemos hasta el momento
El Plan MOVES 2021 subvencionará la compra de vehículos eficientes como 100% eléctricos, híbridos enchufables, híbridos convencionales e incluso de pila de combustible de hidrógeno sin olvidarnos de los que van propulsados por GLP o GNC. La cuantía de la ayuda variará según el tipo de vehículo. Las ayudas comenzarán en los 1.900 euros pero podrían llegar a más de los 5.500 euros.
Todo apunta a que en este plan, no se obligue a achatarrar un vehículo a cambio de la ayuda. Además, estos incentivos tendrán una limitación al precio máximo de los coches a subvencionar de unos 45.000 euros. Se podrán beneficiar de estas ayudas todos los conductores particulares, PYMEs, empresas, autónomos, comunidad de propietarios, entidades locales y públicas, administraciones y otras entidades vinculadas a la Administración General del Estado.
Además, es posible que el Plan MOVES 2021 elimine la incompatibilidad de las ayudas con otras similares. Esto supone que los residentes en la Comunidad Madrid podrían solicitar, a la vez, el Plan MOVES del Gobierno y el Plan Cambia 360 para un mismo coche. Es importante destacar que el Gobierno impondrá sanciones a las comunidades autónomas que no cumplan con las fechas de implantación.